CARTA A LOS CIUDADANOS

Estimado Ciudadano/a:

Me parece un hecho importante y auspicioso para nuestra calidad institucional, el que los ciudadanos comencemos a interesarnos cada vez más en conocer la forma en que trabajan sus políticos y comiencen a expresarse al respecto, para que vuelva a tenderse el puente de comunicación entre mandantes y mandatarios, y por ello, ante inquietudes que he visto manifestadas en Internet y a través de e-mails, es que quiero puntualizar algunos detalles:

1)En la elaboración de una ley, hay que ver cual es el espíritu que la anima y el bien a tutelar en ese espíritu y no me caben dudas que en éste caso es la libertad de expresión y no el hecho de que algún conocido o amigo tenga una licencia más o una menos, que aunque parezca banal, marca la diferencia entre la política pequeña, que es la que ha campeado en éste país por temor a pagar el famoso “costo político”, politiquero digo yo, y al que no le tengo ningún temor, sino por el contrario. Al que si le tengo temor es al verdadero costo político que estamos pagando los argentinos, por no atrevernos los políticos a pagar el costo politiquero de tomar a veces una decisión odiosa o contraria a algunos intereses, pero que hubieran redundado en una mejor y mayor calidad institucional que posiblemente no hubiera permitido la aparición del negociado terrible de los medicamentos adulterados (truchos), chicos con hambre y desprotegidos en nuestras calles, hermanos argentinos expulsados del sistema y funcionarios corruptos, enriquecidos hasta límites increíbles que nadie se atreve a juzgarlos, porque existe un Consejo de la Magistratura que los tiene amordazados.

2) Debemos sacar del ámbito de la discusión el hecho falso de si se debe o no seguir con ésta ley que es de la Dictadura. No cabe duda de que si debemos tener una Ley de Radiodifusión que sea parte de una política de estado, pero, ¿es necesario sacarla entre gallos y medianoche?- Con a lo sumo 10 días mas de tratamiento parlamentario se hubiera conseguido un consenso mucho mayor para una ley de ésta importancia.

3)Para quienes se desgarran las vestiduras por las leyes de la dictadura, (que sin duda es una mora de nuestro sistema legislativo), debemos recordarles que absolutamente todas las autoridades con cargos electivos que en éste momento tenemos, lo somos por una ley de la dictadura, (el Código Electoral); la ley de sociedades es una ley de la dictadura; la de cooperativas, mutuales y fundaciones es una ley de la dictadura; la ley de entidades financieras es una ley de la dictadura; la ley de marcas y designaciones es una ley de la dictadura; la ley de procedimientos administrativos es una ley de la dictadura; el Código Aduanero es una ley de la dictadura, etc.

4) Esta ley es, desgraciadamente una ley de gobierno y no una ley de estado, por la constitución de su autoridad de aplicación y por las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo.

5) Debemos ser concientes de que va a aumentar en forma importante la litigiosidad hacia el estado, (que somos todos nosotros), porque por el simple hecho enunciativo de decir que es una ley de orden público, no le habilita efecto retroactivo a la misma, con el agravante de que fue esta misma administración quien prorrogó muchas licencias hasta el año 2015 y hasta el año 2017.

6) Tiene artículos que incurren en la inconstitucionalidad por arrogarse potestades que nuestra Constitución prohíbe taxativamente.

Por último, UD. argentino, ciudadano común, para bien de éste país al que tanto queremos, ¿no hubiera concedido que la Autoridad de Aplicación, para evitar cualquier atisbo de suspicacia, de intencionalidad y/o de autoritarismo, se constituyera en el ámbito del Congreso de la Nación, que es el ámbito en el que todos tenemos representación?

Saque UD. sus propias conclusiones.

Mario Ardid
Diputado de la Nación