Dejando de lado diferencias partidarias, legisladores nacionales electos y con mandato por Córdoba suscribieron un acta de compromiso con la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y otras cinco entidades empresariales, en el que acordaron fijar una "agenda de objetivos y acciones" para defender los intereses de la provincia en el Congreso.
La firma de un acuerdo entre legisladores nacionales y representantes de los sectores productivos de Córdoba proponiéndose favorecer el desarrollo económico y social de Córdoba y de la región no registra antecedentes en la provincia desde la recuperación de la democracia en 1983.
El documento de 10 carillas fue refrendado por los radicales Oscar Aguad (diputado reelecto), Ramón Javier Mestre (senador electo) y Heriberto Martínez (actual diputado); los justicialistas Arturo Miguel Heredia y Francisco Fortuna (diputado electo) y los integrantes del Frente Cívico Luis Juez (senador electo), Susana Mazzarella (diputada electa), Mario Ardid (actual diputado), Norma Morandini (senadora electa) y Gumersindo Alonso (diputado electo).
El locutor del acto –que se realizó en la Legislatura– leyó que adherirían al documento los senadores Roberto Urquía (PJ) y el juecista Carlos Rossi. Juez acotó que también lo haría el diputado electo Ernesto Martínez.
Por el empresariado firmaron Oscar Guardianelli (UIC), Carlos Escalera (Bolsa de Comercio), Néstor Haag (Cámara de Comercio Exterior), Mario Campise (Cámara de Comercio), Rubén Martos (Federación de Comercio) y Tindaro Sciacca (Cámara de la Construcción).
No suscribió el documento la diputada nacional electa Carmen Nebreda, quien en una carta abierta alegó que "en ningún momento le dijeron que tenía que firmar algo", cuando asistió a una primera reunión.
Las entidades empresarias y los legisladores asumieron en el acta el compromiso de profundizar mediante análisis y estudio cada uno de los objetivos planteados para el corto, mediano y largo plazo con la finalidad de definir políticas de desarrollo económico-social estables y los instrumentos más convenientes para su consecución.
El documento cuestiona propósitos que ya fueron sancionados o están en vía de convertirse en ley como la delegación de facultades al Ejecutivo y los superpoderes. También se incluye recuperar la confiabilidad del Indec y la reforma del sistema de coparticipación.
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Fuente: La Voz
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