Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Ardid.- Señora presidenta: parece que los argentinos no terminamos de salir de las falsas antinomias que nos creamos de ley sí o ley no. No es eso lo que estamos discutiendo aquí sino que tenemos que ponerlo en su justo punto.
Es cierto que no vengo con la mejor disposición a este recinto porque sinceramente me siento maltratado, ya que no se le puede pedir a nadie que venga a debatir con cierta seriedad y a opinar sobre una ley cuando hace doce horas le entregaron un proyecto que lleva incorporadas más de doscientas modificaciones.
Pienso que eso es atentar contra la honestidad intelectual por lo menos de la mayoría, y si no, por lo menos en mi caso, del que sí me hago cargo.
- Manifestaciones en las galerías.
Sr. Ardid.- Con esto también estoy diciendo, por haberle dado este tratamiento, que no hemos conseguido muchas más cosas, ya que si hubiéramos reflexionado nos habríamos dado cuenta de que este proyecto de ley recién hace sólo dos semanas que lo tenemos en nuestras manos, y en el curso de estas dos semanas y por imperio de que todos teníamos la conciencia de que debíamos consensuarlo, -debemos tener en cuenta que es una ley muy importante para nuestra Nación-, alcanzamos a introducirle cambios que hicieron que muchísimos de los que están sentados aquí en este momento se sintieran proclives a votarlo por la afirmativa cuando no fue esa la impresión mayoritaria que tuvimos cuando la ley llegó a nuestras manos.
Por eso reitero que deploro este apuro. Aclaro que no estoy diciendo que no la tratemos nunca. Yo no respondo a ningún medio de comunicación, a mí no me paga nadie y por eso tengo la absoluta tranquilidad de conciencia para expresarme como lo estoy haciendo.
Por ello digo que lamento profundamente que no nos hayamos dado una semana más porque les aseguro que con una semana más, hubiéramos podido dar el debate que desgraciadamente no podemos dar en este ámbito y en este momento; digo esto porque hubiéramos tenido un consenso mucho mayor.
No voy a hacer el análisis específico de los puntos de la ley porque, lo reitero, atenta contra mi honestidad intelectual el que me hayan dado un proyecto con 215 modificaciones hace doce horas.
Sí voy a opinar sobre lo que creo que es importante y medular. Importantes han sido los cambios introducidos en esta ley bienvenidos sean y medulares son las cosas que desafortunadamente han quedado y que podríamos haber solucionado si nos hubiéramos dado una semana más de tratamiento parlamentario.
Por otra parte hubiera significado posiblemente el gesto de grandeza que la mayoría de los ciudadanos nos está reclamando a los políticos, para demostrar que no vamos tras intereses personales, sectoriales o de alguna fracción o de algún gobierno de turno.
Cuando yo leí esta ley dije que es mi límite y es mi margen lo que respecta a la autoridad de aplicación. Si queremos tener una política que sea para todos y que perdure en el tiempo, tenemos que sacarla del ámbito de un gobierno y ponerla en el ámbito del Estado. Con eso hubiéramos evitado la suspicacia de la posible presión que se podría ejercer sobre los medios, porque entonces los medios podrían verse presionados por quien en algún momento va a tener la potestad de darles la autorización para que funcionen o no.
También hubiéramos podido actuar en el otro extremo, porque esta autoridad de aplicación, que a mi entender está bien que sea autárquica, debería ser autónoma, para que pueda funcionar con el presupuesto que debe tener y rendir cabalmente las cuentas a través de la ley de administración pública. De este modo nadie puede sentirse marginado o presionado por no decir o no acatar, y hubiéramos evitado las suspicacias a las que todos los argentinos somos muy proclives.
Adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en consideración. No puedo acompañarlo en estas condiciones.
- Manifestaciones en las galerías.
Sr. Ardid.- Lamento sinceramente que no haya sido elaborado con el consenso necesario.
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viernes, 18 de septiembre de 2009
jueves, 23 de abril de 2009
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Bajo ese nombre presentó el PEN, el 21 de Octubre de 2008, el Proyecto de Ley que plantea la finalización del sistema privado de seguros de retiro y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino. Este proyecto que tuvo media sanción en la Cámara Baja el 6 de noviembre de 2008 también motivo críticas y manifestaciones por parte de la oposición política y la ciudadanía.
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viernes, 17 de abril de 2009
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Bajo ese nombre presentó el PEN, el 21 de Octubre de 2008, el Proyecto de Ley que plantea la finalización del sistema privado de seguros de retiro y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino. Este proyecto que tuvo media sanción en la Cámara Baja el 6 de noviembre de 2008 también motivo críticas y manifestaciones por parte de la oposición política y la ciudadanía.
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Hoy asistimos a una sesión de carácter histórico, quizás porque tratamos uno de los temas más importantes de los últimos catorce años. Resulta paradójico que se aborde lo mismo de antaño: el régimen de jubilaciones y pensiones.
Tal situación forma parte de la incongruencia argentina, porque lo que tratamos es de desandar el régimen creado por la ley 24.241, que estableció la coexistencia entre el régimen público y el de capitalización, cuyo pilar argumental de creación se asentó en la necesidad de mejorar las condiciones de los futuros jubilados y pensionados.
El tiempo nos demostró sin duda alguna que no funcionó, convirtiendo al régimen de capitalización en un negocio perjudicial no sólo para el Estado sino para millones de beneficiarios. Pero el contexto del discurso dominante en la década del 90 implicaba afirmar que todo régimen privado era preferible a lo público. Sobre esta falsa premisa se procedió a dilapidar los recursos del Estado, estableciendo un modelo de la Argentina sustentable en la exclusión y en la pobreza de aquellos que jamás pudieron integrarse.
Esa fue la verdadera justificación que hizo que en su oportunidad este Congreso sancionara una ley que jamás debió haber sido sancionada. Cuando hablamos del descrédito de la política, una gran parte de éste se debe al hecho de haber aceptado por razones coyunturales destruir un sistema cuyo fundamento no era un capricho, sino que se trataba de una disposición de carácter constitucional. Sólo recordar el artículo 14 bis nos lo demuestra cabalmente.
Es mi convicción afirmar que el sistema jubilatorio debe ser por regla de carácter exclusivamente público, ya que los pilares que lo deberían sustentar se afirman sobre el principio de la solidaridad intergeneracional. Pero sobre esta base la obligación de legislar se funda también en la necesidad de no lesionar derechos tutelados, afectando garantías elementales como la propiedad privada.
Si bien creo que se debe modificar el régimen imperante, nos llena de interrogantes el cómo, el porqué y fundamentalmente el para qué. Es allí donde la verdadera motivación no encuentra sustento en un propósito altruista aceptado por la mayoría, sino que en realidad estamos hablando de una masa de recursos de magnitudes suficientes para evitar un cimbronazo financiero para un plazo breve.
Es triste encontrar esta razón como justificación del para qué y el porqué. Esto no es caprichoso, pues hace solo un año con la sanción de la ley 26.222, de reforma previsional, este Congreso confirmó la subsistencia de ambos regímenes, no indicando una decisión de Estado que apuntara a constituir un sistema único solidario.
En base a ese antecedente de reciente sanción, puedo señalar que la premura entonces tiene otra raíz, y ese es el problema de lo que hoy tratamos.
¿En qué consiste el mensaje a la sociedad si hace un año sancionamos una norma que permitía la coexistencia y ahora decimos que eso no servía? ¿O antes estábamos equivocados y ahora enmendamos el error, o ahora asistimos a un contexto mucho peor de lo que se avecina? La impresión que tengo es que en la conciencia colectiva de la sociedad existe incertidumbre por el hecho de que en menos de treinta días sancionamos –con celeridad sin precedentes esta iniciativa del Poder Ejecutivo.
A veces la premura y la velocidad son enemigas de la sensatez y de la prudencia que deben regir en la sanción de un sistema que sin duda va a cambiar la vida y el futuro de los argentinos.
Hubiera deseado poder acompañar este cambio de paradigma, pero hacerlo en estas condiciones sería contradecir mi profunda convicción de que sólo el consenso social mayoritario, el estudio de las proyecciones actuariales pormenorizadas y la previsión de sustentabilidad en el tiempo puedan dar como resultado una norma mucho más perfectible y aceptada que esta que discutimos. Más allá de las modificaciones incorporadas al dictamen de mayoría, queda subyacente el verdadero motivo que la inspiró, que me obliga a rechazar el proyecto, hasta tanto seamos conscientes de que sólo con plazos adecuados podremos establecer un nuevo régimen público sustentable y con recursos en el tiempo.
La Argentina no tiene índices de crecimiento demográficos de magnitud tal para los próximos veinte años que conciban una ecuación equilibrada entre aportantes y beneficiarios que hagan viable el régimen. Es más: la relación entre trabajadores formales con respecto a los que trabajan fuera del sistema es de porcentajes alarmantes, dado que todavía representan más de un tercio de la población económicamente activa. Así no hay manera de poder pagar jubilaciones y pensiones dignas.
En conclusión, no me sorprendería que en menos de diez años nuevamente estemos discutiendo la posibilidad de sostener un régimen de capitalización para corregir las deficiencias del sistema público. Todo ello por las dudas propias de la gestión de los recursos, que de ahora en adelante administrará el gobierno. Este proyecto no da certeza sobre la utilización de esos recursos frente a condiciones de excepción, para que no sean asignados mediante contabilidad creativa para un fin diferente al propuesto.
La historia y la tradición argentinas lamentablemente me dan la razón.
En conclusión, para consagrar un sistema jubilatorio sustentable es necesario primero delinear sus pautas con el tiempo y la participación social que sí o sí se debe contemplar.
Por eso no voy a apoyar este proyecto, dado que considero que sería un acto de irresponsabilidad, por lo menos de nuestra parte, legislar con un debate de quince días una ley para treinta años. (Aplausos.)
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Hoy asistimos a una sesión de carácter histórico, quizás porque tratamos uno de los temas más importantes de los últimos catorce años. Resulta paradójico que se aborde lo mismo de antaño: el régimen de jubilaciones y pensiones.
Tal situación forma parte de la incongruencia argentina, porque lo que tratamos es de desandar el régimen creado por la ley 24.241, que estableció la coexistencia entre el régimen público y el de capitalización, cuyo pilar argumental de creación se asentó en la necesidad de mejorar las condiciones de los futuros jubilados y pensionados.
El tiempo nos demostró sin duda alguna que no funcionó, convirtiendo al régimen de capitalización en un negocio perjudicial no sólo para el Estado sino para millones de beneficiarios. Pero el contexto del discurso dominante en la década del 90 implicaba afirmar que todo régimen privado era preferible a lo público. Sobre esta falsa premisa se procedió a dilapidar los recursos del Estado, estableciendo un modelo de la Argentina sustentable en la exclusión y en la pobreza de aquellos que jamás pudieron integrarse.
Esa fue la verdadera justificación que hizo que en su oportunidad este Congreso sancionara una ley que jamás debió haber sido sancionada. Cuando hablamos del descrédito de la política, una gran parte de éste se debe al hecho de haber aceptado por razones coyunturales destruir un sistema cuyo fundamento no era un capricho, sino que se trataba de una disposición de carácter constitucional. Sólo recordar el artículo 14 bis nos lo demuestra cabalmente.
Es mi convicción afirmar que el sistema jubilatorio debe ser por regla de carácter exclusivamente público, ya que los pilares que lo deberían sustentar se afirman sobre el principio de la solidaridad intergeneracional. Pero sobre esta base la obligación de legislar se funda también en la necesidad de no lesionar derechos tutelados, afectando garantías elementales como la propiedad privada.
Si bien creo que se debe modificar el régimen imperante, nos llena de interrogantes el cómo, el porqué y fundamentalmente el para qué. Es allí donde la verdadera motivación no encuentra sustento en un propósito altruista aceptado por la mayoría, sino que en realidad estamos hablando de una masa de recursos de magnitudes suficientes para evitar un cimbronazo financiero para un plazo breve.
Es triste encontrar esta razón como justificación del para qué y el porqué. Esto no es caprichoso, pues hace solo un año con la sanción de la ley 26.222, de reforma previsional, este Congreso confirmó la subsistencia de ambos regímenes, no indicando una decisión de Estado que apuntara a constituir un sistema único solidario.
En base a ese antecedente de reciente sanción, puedo señalar que la premura entonces tiene otra raíz, y ese es el problema de lo que hoy tratamos.
¿En qué consiste el mensaje a la sociedad si hace un año sancionamos una norma que permitía la coexistencia y ahora decimos que eso no servía? ¿O antes estábamos equivocados y ahora enmendamos el error, o ahora asistimos a un contexto mucho peor de lo que se avecina? La impresión que tengo es que en la conciencia colectiva de la sociedad existe incertidumbre por el hecho de que en menos de treinta días sancionamos –con celeridad sin precedentes esta iniciativa del Poder Ejecutivo.
A veces la premura y la velocidad son enemigas de la sensatez y de la prudencia que deben regir en la sanción de un sistema que sin duda va a cambiar la vida y el futuro de los argentinos.
Hubiera deseado poder acompañar este cambio de paradigma, pero hacerlo en estas condiciones sería contradecir mi profunda convicción de que sólo el consenso social mayoritario, el estudio de las proyecciones actuariales pormenorizadas y la previsión de sustentabilidad en el tiempo puedan dar como resultado una norma mucho más perfectible y aceptada que esta que discutimos. Más allá de las modificaciones incorporadas al dictamen de mayoría, queda subyacente el verdadero motivo que la inspiró, que me obliga a rechazar el proyecto, hasta tanto seamos conscientes de que sólo con plazos adecuados podremos establecer un nuevo régimen público sustentable y con recursos en el tiempo.
La Argentina no tiene índices de crecimiento demográficos de magnitud tal para los próximos veinte años que conciban una ecuación equilibrada entre aportantes y beneficiarios que hagan viable el régimen. Es más: la relación entre trabajadores formales con respecto a los que trabajan fuera del sistema es de porcentajes alarmantes, dado que todavía representan más de un tercio de la población económicamente activa. Así no hay manera de poder pagar jubilaciones y pensiones dignas.
En conclusión, no me sorprendería que en menos de diez años nuevamente estemos discutiendo la posibilidad de sostener un régimen de capitalización para corregir las deficiencias del sistema público. Todo ello por las dudas propias de la gestión de los recursos, que de ahora en adelante administrará el gobierno. Este proyecto no da certeza sobre la utilización de esos recursos frente a condiciones de excepción, para que no sean asignados mediante contabilidad creativa para un fin diferente al propuesto.
La historia y la tradición argentinas lamentablemente me dan la razón.
En conclusión, para consagrar un sistema jubilatorio sustentable es necesario primero delinear sus pautas con el tiempo y la participación social que sí o sí se debe contemplar.
Por eso no voy a apoyar este proyecto, dado que considero que sería un acto de irresponsabilidad, por lo menos de nuestra parte, legislar con un debate de quince días una ley para treinta años. (Aplausos.)
Presupuesto 2009
Otra de las discusiones del año fue el Proyecto de Ley de Presupuesto 2009 presentado por el PEN el 15 de septiembre de 2008.
El proyecto fue aprobado con media sanción de Diputados el 15 de octubre de 2008 tras doce horas de intenso debate, en lo que fue una votación sin complicaciones para el oficialismo, más allá de que en algún momento el fantasma de la “125” apareció en el recinto.
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Señor presidente: creo que queda reflejada de manera evidente la lógica necesidad de que se vuelvan a calcular las estimaciones comprendidas en este presupuesto. Pero sigo sin comprender la urgencia de su aprobación en este momento cuando el contexto económico internacional todavía no ha tocado su piso, y cualquier cosa que formulemos va a tener muy poca credibilidad porque será hecha sobre supuestos que no van a ser los que se necesitan para poder elaborar un presupuesto que tenga algún grado de aplicabilidad con lógica.
Deseo destacar el hecho de que por primera vez en los últimos años este proyecto de presupuesto contempla pautas de crecimiento de las variables económicas mucho más ajustadas a la realidad de este país, pese a que en esta elaboración, y por el contexto internacional en el que han terminado ocurriendo, posiblemente vayan a quedar sobredimensionadas.
No obstante ello, la agudización de esta crisis financiera mundial significará seguramente un menor crecimiento a nivel global y en el peor de los escenarios un decrecimiento económico de las naciones centrales. Por lo tanto, su enorme incidencia en el comercio mundial traerá consecuencias para nuestro país al desacelerarse todas estas pautas de crecimiento.
Estamos asistiendo a una sustancial alteración de las condiciones económicas que signaron a este último quinquenio, en el cual el mundo se avalanzó a un frenesí de consumo sustentado por un endeudamiento sin precedentes, por mecanismos financieros con tasas de interés artificialmente bajas que alimentaron las burbujas de especulación sobre todo tipo de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran muchos de nuestros productos.
Lógicamente no se necesita ser economista para vislumbrar que la demanda se resentirá por la relación precio-producto, obligándonos a establecer nuevas pautas frente a este nuevo escenario.
Esta situación nos pone en la obligación de delinear las prioridades de los gastos e inversiones a efectuar como así también poner el ojo en la evolución de los ingresos y costos para varios sectores de nuestra economía que se verán seriamente afectados.
Sobre esta base, el criterio primigenio de cualquier discusión es en primer lugar la búsqueda de redes de contención frente a los coletazos por recibir y, por el otro, la salvaguarda de la producción y del trabajo argentino. Esto no debe ser motivo de discusión entre ortodoxos y heterodoxos, o entre oficialistas y opositores. En realidad, se trata de adoptar una previsión sensata y consensuada con el objeto de aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos del contagio. Esto es lo que los médicos en nuestra profesión entendemos como medicina preventiva; o sea, frente a un riesgo de epidemia lo primero es actuar en forma sistemática sobre toda la población, después sobre la de mayor riesgo, y por último focalizar sobre los eventuales brotes que sucedan. De esta manera los perjuicios emergentes quedan bien delimitados.
Por ende, la génesis de la discusión pasa por delimitar efectivamente el impacto a recibir sobre las condiciones del financiamiento del país, una nueva proyección sobre la fluctuación de nuestra balanza comercial, la adecuación del tipo de cambio nominal y competitivo al nuevo escenario y, sobre todo, la búsqueda de criterios análogos con nuestros vecinos, entre otras; aunque en algunos de estos puntos el gobierno nacional ha adoptado acciones, otros necesitan sí o sí un plafón político que sólo el consenso democrático logra.
Es obvio afirmar, a mi criterio, que si continúa la baja persistente de los valores internacionales de los granos, indiscutiblemente el porcentaje de retención de los mismos deberá acompañar estas bajas. De no hacerlo, la ecuación económico financiera de miles de productores podría terminar en el colapso, convirtiendo a su trabajo en objeto de una pseudo utilidad pública, desmantelando a uno de los pocos sectores realmente competitivos del país. Frente a ello sostengo la necesidad de articular políticas públicas en donde este Congreso asuma su potestad originaria y delinee una auténtica razón de Estado.
Por eso entiendo que el presente proyecto de ley de presupuesto debe indefectiblemente volver a discutir sus proyecciones ajustadas al escenario por venir, con el suficiente consenso democrático que lo convierta en algo realizable y no en un mero conjunto de intenciones.
Por eso sostengo que muchas de las pautas e intenciones enumeradas en el proyecto de presupuesto deben ser adecuadas; de lo contrario, quedarán sólo plasmadas en un manual de buenas intenciones o como meros anuncios que sólo derivarán en una nueva desconfianza de la comunidad.
Puntualmente me detengo a observar del articulado del proyecto de ley de presupuesto algunas cuestiones destacables. En primer lugar, los artículos 8º y 9º, que autorizan al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar los créditos presupuestarios y su distribución, conforme a las facultades que le otorga la ley 26.124, que sustituyó el texto original del artículo 37 de la ley 24.156, revisten una naturaleza que esencialmente debe ser rediscutida en aras de la búsqueda de normalidad institucional, ya que si bien es cierto que este instituto –el de la delegación- tiene fundamentos en el andamiaje legal, para ser honestos debemos señalar que los mismos, desde los últimos dos años, revistieron una característica que por su implicancia alteraron el propio sentido del presupuesto, generando un obrar de naturaleza discrecional que reasigna o amplía partidas para afrontar gastos e inversiones del Estado no siempre orientadas para afrontar situaciones de emergencia o eventuales, que sí justifican el uso de esas prerrogativas, sino por el contrario de meros instrumentos signados a una manera de acumulación de poder a través de gestión de los recursos.
En segundo lugar, tenemos que hablar de las universidades. Sobre la estimación de las partidas de las universidades nacionales creemos insuficiente la suma contemplada de 7.951 millones. Sólo a modo de análisis me quiero detener en un supuesto quizás no conocido por todos, cual es el de los hospitales universitarios, fundamentalmente los de las ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. Ellos no solamente deben atender a aquellos pacientes para los que fueron diseñados y ser hospitales escuela, sino que además, y paradójicamente, tienen que hacerse cargo de la atención de muchísimas personas que si bien tienen un sistema de cobertura por distintas situaciones deben acudir a ellos.
Entonces, si el presupuesto de estos hospitales es exclusivo del Ministerio de Educación, ello implica que, en principio, su fin principal es la formación médica. Pero no debemos olvidarnos que esto ocurre en el entorno de un hospital, no siendo posible que una institución prestadora del servicio de salud no tenga como fin principal el bienestar, la curación y la recuperación de sus pacientes No es posible enseñar adecuadamente la ciencia y el arte de la medicina si no se la practica en serio, y practicarla en serio es privilegiar el bienestar del paciente; no es ético enseñar medicina poniendo al paciente como medio y no como fin.
Si la Nación quiere tener un desarrollo médico científico acorde con el crecimiento del país, debe seriamente encarar el desafío de poner a los hospitales universitarios en la primera plana del nivel científico tecnológico, como un país desarrollado dueño de su propio destino.
Ahora me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y específicamente a la política energética. No voy a explayarme en este tema pero sí quiero decir que muchísimos de los recursos que se comprometen para afrontar la crítica situación del sector eléctrico hacen que con el sostenimiento de los subsidios en realidad se transforme en una enorme inequidad social ya que las tarifas son subvencionadas de manera discrecional, sin segmentación por nivel de consumo o potencia. Como ejemplo y esperemos que no se repita en este presupuesto, hemos pagado y estamos pagando todavía buques gasíferos a un costo promedio de 17 dólares el millón de BTU cuando a nuestros productores argentinos les estamos pagando menos de dos dólares por millón de BTU.
Ya se ha hablado de las obras de construcción de las usinas hidroeléctricas de Cóndor Cliff e Hidroeléctrica Barrancosa, por lo cual no vamos a abundar en esto. Pero también necesito interrogarme, y extender este interrogante, sobre toda obra pública que se realice, acerca de cuál será la metodología a aplicar por parte del Ministerio de Planificación, para que en los casos procedentes redefina los valores del contrato, pues recientemente esta jurisdicción alteró mediante el dictado de una resolución la fórmula de cálculo precisada en el decreto 1.295/2002, aplicando un coeficiente de cálculo sin tomar en consideración la variación de precios indicada por el mismo INDEC. Esto significa que esta jurisdicción manifiesta formalmente su incredulidad sobre la labor del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Concluyo afirmando que muchas de las obras que se incluyen en este proyecto, sean de realización en este ejercicio o plurianuales, no podrán ser efectuadas en su totalidad con las asignaciones dispuestas en caso de que se sigan alterando los presupuestos estimados, ya que no me resulta clara la posibilidad cierta de que toda obra, si no se adjudica a tiempo y no se ejecuta en los plazos previstos, pueda ser redeterminada, pues no alcanzarán los recursos enumerados, sin ser reasignados por otras partidas.
La inversión ferroviaria es uno de los puntos más controvertidos. Acá se destaca un monto de 1.776 millones para proyectos de infraestructura ferroviaria. Supongo que en esta cifra está incluido el tren de alta velocidad que unirá Buenos Aires y Córdoba. Sólo quiero indicar que su realización está fuera de contexto, y estimo que dicho monto podría ser reasignado dentro de la misma finalidad para otras prioridades que en este momento son muchísimo más importantes.
Otro capítulo es la paradoja del presupuesto de defensa y seguridad, en donde se le asigna en el rubro inteligencia un aumento del 25,6 por ciento. Es más del doble del porcentaje que se asigna al presupuesto de defensa y un 7 por ciento más que el estimado para el sistema penal. Si no tenemos hipótesis de conflicto ni existe inteligencia interna no se encuentra justificativo alguno para este aumento. Por eso proponemos que el mismo se reasigne en cuota partes iguales a los rubros de defensa, seguridad interior y sistema penal.
En consecuencia, debo señalar lo siguiente: primero, el proyecto a tratar no registra la crisis financiera mundial. Históricamente, durante los últimos gobiernos, los proyectos contenían pautas distorsionadas a efectos de que cada gestión pudiese asignar recursos discrecionalmente a través de los superpoderes. Desde el año 2003 la Jefatura de Gabinete ha dispuesto de más de 120 mil millones de pesos sin pasar por el Congreso: a contrario sensu creemos que el proyecto para 2009 parte de supuestos quiméricos.
Segundo, la inflación proyectada es del 9 por ciento. La real será más del doble, dependiendo de las pautas monetarias. Esto, colegas, es impuesto inflacionario, pero habrá que manejarlo con cuidado. En el actual contexto internacional cualquier resbalón implica entrar en una inflación muy alta.
El proyecto calcula el precio de la soja en 400 dólares la tonelada. Por eso supone que el ingreso por retenciones aumentará un 13 por ciento en el año 2008. Esto es una utopía pura. En volúmenes, se cosechará no menos que el 15 por ciento menos. En precios, los mercados internacionales nos informan que continuamente bajan los valores de los commodities, y debemos recordar que los superávit fiscal y de cuenta corriente están atados a ellos.
Cuarto, el proyecto supone el crecimiento del 4 por ciento para el año que viene. ¿Alguien podrá explicar cómo se logra, cuando la crisis implica una caída del precio de los commodities, consumo en retroceso, descenso pronunciado de la exportación de vehículos a Brasil y México, derrumbe del precio de los hidrocarburos, ajustes en las plantas de personal e incremento del desempleo? Si bien se desconocen la magnitud y las consecuencias finales del colapso financiero, la Argentina entre un incremento del PBI muy escaso –no más del 2 por ciento y en el peor de los casos se puede entrar en una pequeña recesión de menos 1 por ciento.
Quinto, los argumentos antes expresados indican que el presupuesto es una simple expresión de buenos deseos. Los supuestos en que se apoya están todos errados, y para peor nada se dice acerca de cómo se va a proceder ante la realidad. Da la sensación de que se trata de un proyecto virtual.
Como colofón, y con todo respeto pero también con todo realismo y todo dolor, debo decir que el presupuesto 2009 debería tener un artículo único que dijera: “Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a gastar lo que pueda recaudar.” (Aplausos)
El proyecto fue aprobado con media sanción de Diputados el 15 de octubre de 2008 tras doce horas de intenso debate, en lo que fue una votación sin complicaciones para el oficialismo, más allá de que en algún momento el fantasma de la “125” apareció en el recinto.
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Señor presidente: creo que queda reflejada de manera evidente la lógica necesidad de que se vuelvan a calcular las estimaciones comprendidas en este presupuesto. Pero sigo sin comprender la urgencia de su aprobación en este momento cuando el contexto económico internacional todavía no ha tocado su piso, y cualquier cosa que formulemos va a tener muy poca credibilidad porque será hecha sobre supuestos que no van a ser los que se necesitan para poder elaborar un presupuesto que tenga algún grado de aplicabilidad con lógica.
Deseo destacar el hecho de que por primera vez en los últimos años este proyecto de presupuesto contempla pautas de crecimiento de las variables económicas mucho más ajustadas a la realidad de este país, pese a que en esta elaboración, y por el contexto internacional en el que han terminado ocurriendo, posiblemente vayan a quedar sobredimensionadas.
No obstante ello, la agudización de esta crisis financiera mundial significará seguramente un menor crecimiento a nivel global y en el peor de los escenarios un decrecimiento económico de las naciones centrales. Por lo tanto, su enorme incidencia en el comercio mundial traerá consecuencias para nuestro país al desacelerarse todas estas pautas de crecimiento.
Estamos asistiendo a una sustancial alteración de las condiciones económicas que signaron a este último quinquenio, en el cual el mundo se avalanzó a un frenesí de consumo sustentado por un endeudamiento sin precedentes, por mecanismos financieros con tasas de interés artificialmente bajas que alimentaron las burbujas de especulación sobre todo tipo de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran muchos de nuestros productos.
Lógicamente no se necesita ser economista para vislumbrar que la demanda se resentirá por la relación precio-producto, obligándonos a establecer nuevas pautas frente a este nuevo escenario.
Esta situación nos pone en la obligación de delinear las prioridades de los gastos e inversiones a efectuar como así también poner el ojo en la evolución de los ingresos y costos para varios sectores de nuestra economía que se verán seriamente afectados.
Sobre esta base, el criterio primigenio de cualquier discusión es en primer lugar la búsqueda de redes de contención frente a los coletazos por recibir y, por el otro, la salvaguarda de la producción y del trabajo argentino. Esto no debe ser motivo de discusión entre ortodoxos y heterodoxos, o entre oficialistas y opositores. En realidad, se trata de adoptar una previsión sensata y consensuada con el objeto de aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos del contagio. Esto es lo que los médicos en nuestra profesión entendemos como medicina preventiva; o sea, frente a un riesgo de epidemia lo primero es actuar en forma sistemática sobre toda la población, después sobre la de mayor riesgo, y por último focalizar sobre los eventuales brotes que sucedan. De esta manera los perjuicios emergentes quedan bien delimitados.
Por ende, la génesis de la discusión pasa por delimitar efectivamente el impacto a recibir sobre las condiciones del financiamiento del país, una nueva proyección sobre la fluctuación de nuestra balanza comercial, la adecuación del tipo de cambio nominal y competitivo al nuevo escenario y, sobre todo, la búsqueda de criterios análogos con nuestros vecinos, entre otras; aunque en algunos de estos puntos el gobierno nacional ha adoptado acciones, otros necesitan sí o sí un plafón político que sólo el consenso democrático logra.
Es obvio afirmar, a mi criterio, que si continúa la baja persistente de los valores internacionales de los granos, indiscutiblemente el porcentaje de retención de los mismos deberá acompañar estas bajas. De no hacerlo, la ecuación económico financiera de miles de productores podría terminar en el colapso, convirtiendo a su trabajo en objeto de una pseudo utilidad pública, desmantelando a uno de los pocos sectores realmente competitivos del país. Frente a ello sostengo la necesidad de articular políticas públicas en donde este Congreso asuma su potestad originaria y delinee una auténtica razón de Estado.
Por eso entiendo que el presente proyecto de ley de presupuesto debe indefectiblemente volver a discutir sus proyecciones ajustadas al escenario por venir, con el suficiente consenso democrático que lo convierta en algo realizable y no en un mero conjunto de intenciones.
Por eso sostengo que muchas de las pautas e intenciones enumeradas en el proyecto de presupuesto deben ser adecuadas; de lo contrario, quedarán sólo plasmadas en un manual de buenas intenciones o como meros anuncios que sólo derivarán en una nueva desconfianza de la comunidad.
Puntualmente me detengo a observar del articulado del proyecto de ley de presupuesto algunas cuestiones destacables. En primer lugar, los artículos 8º y 9º, que autorizan al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar los créditos presupuestarios y su distribución, conforme a las facultades que le otorga la ley 26.124, que sustituyó el texto original del artículo 37 de la ley 24.156, revisten una naturaleza que esencialmente debe ser rediscutida en aras de la búsqueda de normalidad institucional, ya que si bien es cierto que este instituto –el de la delegación- tiene fundamentos en el andamiaje legal, para ser honestos debemos señalar que los mismos, desde los últimos dos años, revistieron una característica que por su implicancia alteraron el propio sentido del presupuesto, generando un obrar de naturaleza discrecional que reasigna o amplía partidas para afrontar gastos e inversiones del Estado no siempre orientadas para afrontar situaciones de emergencia o eventuales, que sí justifican el uso de esas prerrogativas, sino por el contrario de meros instrumentos signados a una manera de acumulación de poder a través de gestión de los recursos.
En segundo lugar, tenemos que hablar de las universidades. Sobre la estimación de las partidas de las universidades nacionales creemos insuficiente la suma contemplada de 7.951 millones. Sólo a modo de análisis me quiero detener en un supuesto quizás no conocido por todos, cual es el de los hospitales universitarios, fundamentalmente los de las ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. Ellos no solamente deben atender a aquellos pacientes para los que fueron diseñados y ser hospitales escuela, sino que además, y paradójicamente, tienen que hacerse cargo de la atención de muchísimas personas que si bien tienen un sistema de cobertura por distintas situaciones deben acudir a ellos.
Entonces, si el presupuesto de estos hospitales es exclusivo del Ministerio de Educación, ello implica que, en principio, su fin principal es la formación médica. Pero no debemos olvidarnos que esto ocurre en el entorno de un hospital, no siendo posible que una institución prestadora del servicio de salud no tenga como fin principal el bienestar, la curación y la recuperación de sus pacientes No es posible enseñar adecuadamente la ciencia y el arte de la medicina si no se la practica en serio, y practicarla en serio es privilegiar el bienestar del paciente; no es ético enseñar medicina poniendo al paciente como medio y no como fin.
Si la Nación quiere tener un desarrollo médico científico acorde con el crecimiento del país, debe seriamente encarar el desafío de poner a los hospitales universitarios en la primera plana del nivel científico tecnológico, como un país desarrollado dueño de su propio destino.
Ahora me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y específicamente a la política energética. No voy a explayarme en este tema pero sí quiero decir que muchísimos de los recursos que se comprometen para afrontar la crítica situación del sector eléctrico hacen que con el sostenimiento de los subsidios en realidad se transforme en una enorme inequidad social ya que las tarifas son subvencionadas de manera discrecional, sin segmentación por nivel de consumo o potencia. Como ejemplo y esperemos que no se repita en este presupuesto, hemos pagado y estamos pagando todavía buques gasíferos a un costo promedio de 17 dólares el millón de BTU cuando a nuestros productores argentinos les estamos pagando menos de dos dólares por millón de BTU.
Ya se ha hablado de las obras de construcción de las usinas hidroeléctricas de Cóndor Cliff e Hidroeléctrica Barrancosa, por lo cual no vamos a abundar en esto. Pero también necesito interrogarme, y extender este interrogante, sobre toda obra pública que se realice, acerca de cuál será la metodología a aplicar por parte del Ministerio de Planificación, para que en los casos procedentes redefina los valores del contrato, pues recientemente esta jurisdicción alteró mediante el dictado de una resolución la fórmula de cálculo precisada en el decreto 1.295/2002, aplicando un coeficiente de cálculo sin tomar en consideración la variación de precios indicada por el mismo INDEC. Esto significa que esta jurisdicción manifiesta formalmente su incredulidad sobre la labor del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Concluyo afirmando que muchas de las obras que se incluyen en este proyecto, sean de realización en este ejercicio o plurianuales, no podrán ser efectuadas en su totalidad con las asignaciones dispuestas en caso de que se sigan alterando los presupuestos estimados, ya que no me resulta clara la posibilidad cierta de que toda obra, si no se adjudica a tiempo y no se ejecuta en los plazos previstos, pueda ser redeterminada, pues no alcanzarán los recursos enumerados, sin ser reasignados por otras partidas.
La inversión ferroviaria es uno de los puntos más controvertidos. Acá se destaca un monto de 1.776 millones para proyectos de infraestructura ferroviaria. Supongo que en esta cifra está incluido el tren de alta velocidad que unirá Buenos Aires y Córdoba. Sólo quiero indicar que su realización está fuera de contexto, y estimo que dicho monto podría ser reasignado dentro de la misma finalidad para otras prioridades que en este momento son muchísimo más importantes.
Otro capítulo es la paradoja del presupuesto de defensa y seguridad, en donde se le asigna en el rubro inteligencia un aumento del 25,6 por ciento. Es más del doble del porcentaje que se asigna al presupuesto de defensa y un 7 por ciento más que el estimado para el sistema penal. Si no tenemos hipótesis de conflicto ni existe inteligencia interna no se encuentra justificativo alguno para este aumento. Por eso proponemos que el mismo se reasigne en cuota partes iguales a los rubros de defensa, seguridad interior y sistema penal.
En consecuencia, debo señalar lo siguiente: primero, el proyecto a tratar no registra la crisis financiera mundial. Históricamente, durante los últimos gobiernos, los proyectos contenían pautas distorsionadas a efectos de que cada gestión pudiese asignar recursos discrecionalmente a través de los superpoderes. Desde el año 2003 la Jefatura de Gabinete ha dispuesto de más de 120 mil millones de pesos sin pasar por el Congreso: a contrario sensu creemos que el proyecto para 2009 parte de supuestos quiméricos.
Segundo, la inflación proyectada es del 9 por ciento. La real será más del doble, dependiendo de las pautas monetarias. Esto, colegas, es impuesto inflacionario, pero habrá que manejarlo con cuidado. En el actual contexto internacional cualquier resbalón implica entrar en una inflación muy alta.
El proyecto calcula el precio de la soja en 400 dólares la tonelada. Por eso supone que el ingreso por retenciones aumentará un 13 por ciento en el año 2008. Esto es una utopía pura. En volúmenes, se cosechará no menos que el 15 por ciento menos. En precios, los mercados internacionales nos informan que continuamente bajan los valores de los commodities, y debemos recordar que los superávit fiscal y de cuenta corriente están atados a ellos.
Cuarto, el proyecto supone el crecimiento del 4 por ciento para el año que viene. ¿Alguien podrá explicar cómo se logra, cuando la crisis implica una caída del precio de los commodities, consumo en retroceso, descenso pronunciado de la exportación de vehículos a Brasil y México, derrumbe del precio de los hidrocarburos, ajustes en las plantas de personal e incremento del desempleo? Si bien se desconocen la magnitud y las consecuencias finales del colapso financiero, la Argentina entre un incremento del PBI muy escaso –no más del 2 por ciento y en el peor de los casos se puede entrar en una pequeña recesión de menos 1 por ciento.
Quinto, los argumentos antes expresados indican que el presupuesto es una simple expresión de buenos deseos. Los supuestos en que se apoya están todos errados, y para peor nada se dice acerca de cómo se va a proceder ante la realidad. Da la sensación de que se trata de un proyecto virtual.
Como colofón, y con todo respeto pero también con todo realismo y todo dolor, debo decir que el presupuesto 2009 debería tener un artículo único que dijera: “Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a gastar lo que pueda recaudar.” (Aplausos)
El regreso de Aerolíneas a la órbita estatal
El 24 de julio el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para el traspaso de Marsans al Estado de las acciones de Aerolíneas y Austral (subsidiaria).
El oficialismo, que todavía tenía en sus retinas la derrota parlamentaria que significó el no del Senado a la Resolución 125, consiguió asegurarse el triunfo en el tema Aerolíneas tras los cambios incorporados a la versión original del proyecto, lo que atrajo los votos de los peronistas que habían votado en contra de la 125 y algunos bloques opositores.
El 22 de agosto, luego de trece horas de sesión, Diputados aprobó por amplio margen el proyecto oficial con las modificaciones que planteaban la imposibilidad de comprarla para después reprivatizarla, la transferencia de la empresa a la órbita nacional previo a la valuación del Tribunal de Tasación Nacional y no de empresas privadas y que una vez teniendo la valuación oficial el Congreso es el que aprueba la compra o expropiación.
El Diputado Ardid motivado por los cambios introducidos aprobó en general el proyecto de ley y en particular se opuso a alguno de los artículos y lo fundamentó de la siguiente manera:
Escuchando a los señores diputados preopinantes parecería que los argentinos somos quizás el mejor ejemplo del concepto hegeliano de los procesos cíclicos de la historia donde desgraciadamente tendemos a repetir o reeditar en forma permanente situaciones como la que por ejemplo se nos dio, de tener dos modelos distintos de una aerolínea, ninguno de los cuales pudo llegar a completar plenamente la función que le cabía cumplir.
Algunos diputados preopinantes han dicho que se hacían cargo de la historia. Me alegra haberlo escuchado, porque eso quiere decir que en el ejercicio de hacernos cargo de la historia debemos empezar a tener memoria para poder recordarla.
En ese sentido, debemos considerar que las cosas teóricas que acá nos planteamos y las realidades de la vida cotidiana corren por carriles distintos.
Por ejemplo, estamos planteando nuevamente que de aquí en adelante tendremos férreos mecanismos de control, que no se nos escapará un número, que todo lo haremos con prolijidad, que pobres de aquellos que se quieran olvidar, etcétera. Esto implica no recordar la historia que hemos venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo.
Por eso apelo a la memoria, y si se está diciendo esto, asumamos la parte de responsabilidad que nos cabe.
Como órgano nosotros también tenemos responsabilidad. Por ello, con toda la firmeza que corresponde debemos solicitar a los encargados del control que lo concreten en tiempo y forma, como debe ser.
No debemos olvidar que si hoy estamos celebrando esta larga e importante sesión es, fundamentalmente porque no hemos tenido memoria y no hemos ejercido los mecanismos de control que la ley establece, por lo cual ahora nos estamos desgarrando las vestiduras.
Con sinceridad, lamento que este proyecto impulsado por el oficialismo venga impregnado de tanta urgencia, porque ello siempre va en detrimento de la calidad.
Debemos adoptar una importante decisión política sobre un hecho consumado, pues previo a todo esto existió un acta acuerdo que en alguna medida está condicionando el accionar del gobierno.
Por otro lado, valoro profundamente el gran esfuerzo que ha realizado el oficialismo para introducir grandes modificaciones en el proyecto de ley en consideración.
Creo que con muy pocas cosas se puede mejorar bastante todo el trasfondo de esta cuestión. No es mi intención entrar en el análisis exhaustivo que ya se ha realizado en toda esta historia de desencuentros que desgraciadamente ha sufrido nuestra línea de bandera.
Es verdad que en última instancia quizá corremos el riesgo de hacernos cargo de alguna deuda que pueda resultar gravosa para nosotros, pero que entiendo no nos corresponde, porque no es competencia del legislador sino del Poder Judicial evaluar y sancionar la configuración de los delitos tanto por parte de la empresa a cargo del gerenciamiento como de los funcionarios que pudieran estar implicados en las figuras de cohecho o de corrupción.
Nos parece de suma importancia atenuar las consecuencias de lo que implica el hecho de comprar. Se trata de un cambio pequeño y sutil en el artículo 1º, que en nuestra opinión debería quedar redactado del siguiente modo: “A los efectos de garantizar las prestaciones del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la República Argentina se dispone dar inicio al procedimiento de recuperación de la operatoria de las empresas por parte del Estado Nacional por medio del método de adquisición que resulte más adecuado a los intereses de la Nación.” Eso implica comprar, nacionalizar, intervenir o expropiar.
Creemos que de esta forma verdaderamente se incorpora calidad legislativa en la redacción de este artículo y por eso lo proponemos.
También somos conscientes de que en este planteo que hace el oficialismo a través del proyecto debemos seguir manteniendo un servicio público fundamental para unir espacios muy alejados de nuestro extenso territorio.
En la espera de que sí se incluya esta modificación, al igual que algunas otras que plantearemos más adelante en oportunidad de la discusión en particular, vamos a acompañar en general este proyecto. (Aplausos.)
Minutos después el Diputado Ardid pidió una intervención que le fue concedida: “Señor presidente: yo también estoy de acuerdo en que se reemplace la palabra “rescate” por “re estatización”. Además, insisto en que para mejorar la técnica política de esto y permitirle al gobierno mayor margen de maniobrabilidad en las negociaciones sería conveniente cambiar la palabra “compra” por “la operatoria por medio del método de adquisición que resulte más adecuado a los intereses de la Nación”.
El oficialismo, que todavía tenía en sus retinas la derrota parlamentaria que significó el no del Senado a la Resolución 125, consiguió asegurarse el triunfo en el tema Aerolíneas tras los cambios incorporados a la versión original del proyecto, lo que atrajo los votos de los peronistas que habían votado en contra de la 125 y algunos bloques opositores.
El 22 de agosto, luego de trece horas de sesión, Diputados aprobó por amplio margen el proyecto oficial con las modificaciones que planteaban la imposibilidad de comprarla para después reprivatizarla, la transferencia de la empresa a la órbita nacional previo a la valuación del Tribunal de Tasación Nacional y no de empresas privadas y que una vez teniendo la valuación oficial el Congreso es el que aprueba la compra o expropiación.
El Diputado Ardid motivado por los cambios introducidos aprobó en general el proyecto de ley y en particular se opuso a alguno de los artículos y lo fundamentó de la siguiente manera:
Escuchando a los señores diputados preopinantes parecería que los argentinos somos quizás el mejor ejemplo del concepto hegeliano de los procesos cíclicos de la historia donde desgraciadamente tendemos a repetir o reeditar en forma permanente situaciones como la que por ejemplo se nos dio, de tener dos modelos distintos de una aerolínea, ninguno de los cuales pudo llegar a completar plenamente la función que le cabía cumplir.
Algunos diputados preopinantes han dicho que se hacían cargo de la historia. Me alegra haberlo escuchado, porque eso quiere decir que en el ejercicio de hacernos cargo de la historia debemos empezar a tener memoria para poder recordarla.
En ese sentido, debemos considerar que las cosas teóricas que acá nos planteamos y las realidades de la vida cotidiana corren por carriles distintos.
Por ejemplo, estamos planteando nuevamente que de aquí en adelante tendremos férreos mecanismos de control, que no se nos escapará un número, que todo lo haremos con prolijidad, que pobres de aquellos que se quieran olvidar, etcétera. Esto implica no recordar la historia que hemos venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo.
Por eso apelo a la memoria, y si se está diciendo esto, asumamos la parte de responsabilidad que nos cabe.
Como órgano nosotros también tenemos responsabilidad. Por ello, con toda la firmeza que corresponde debemos solicitar a los encargados del control que lo concreten en tiempo y forma, como debe ser.
No debemos olvidar que si hoy estamos celebrando esta larga e importante sesión es, fundamentalmente porque no hemos tenido memoria y no hemos ejercido los mecanismos de control que la ley establece, por lo cual ahora nos estamos desgarrando las vestiduras.
Con sinceridad, lamento que este proyecto impulsado por el oficialismo venga impregnado de tanta urgencia, porque ello siempre va en detrimento de la calidad.
Debemos adoptar una importante decisión política sobre un hecho consumado, pues previo a todo esto existió un acta acuerdo que en alguna medida está condicionando el accionar del gobierno.
Por otro lado, valoro profundamente el gran esfuerzo que ha realizado el oficialismo para introducir grandes modificaciones en el proyecto de ley en consideración.
Creo que con muy pocas cosas se puede mejorar bastante todo el trasfondo de esta cuestión. No es mi intención entrar en el análisis exhaustivo que ya se ha realizado en toda esta historia de desencuentros que desgraciadamente ha sufrido nuestra línea de bandera.
Es verdad que en última instancia quizá corremos el riesgo de hacernos cargo de alguna deuda que pueda resultar gravosa para nosotros, pero que entiendo no nos corresponde, porque no es competencia del legislador sino del Poder Judicial evaluar y sancionar la configuración de los delitos tanto por parte de la empresa a cargo del gerenciamiento como de los funcionarios que pudieran estar implicados en las figuras de cohecho o de corrupción.
Nos parece de suma importancia atenuar las consecuencias de lo que implica el hecho de comprar. Se trata de un cambio pequeño y sutil en el artículo 1º, que en nuestra opinión debería quedar redactado del siguiente modo: “A los efectos de garantizar las prestaciones del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la República Argentina se dispone dar inicio al procedimiento de recuperación de la operatoria de las empresas por parte del Estado Nacional por medio del método de adquisición que resulte más adecuado a los intereses de la Nación.” Eso implica comprar, nacionalizar, intervenir o expropiar.
Creemos que de esta forma verdaderamente se incorpora calidad legislativa en la redacción de este artículo y por eso lo proponemos.
También somos conscientes de que en este planteo que hace el oficialismo a través del proyecto debemos seguir manteniendo un servicio público fundamental para unir espacios muy alejados de nuestro extenso territorio.
En la espera de que sí se incluya esta modificación, al igual que algunas otras que plantearemos más adelante en oportunidad de la discusión en particular, vamos a acompañar en general este proyecto. (Aplausos.)
Minutos después el Diputado Ardid pidió una intervención que le fue concedida: “Señor presidente: yo también estoy de acuerdo en que se reemplace la palabra “rescate” por “re estatización”. Además, insisto en que para mejorar la técnica política de esto y permitirle al gobierno mayor margen de maniobrabilidad en las negociaciones sería conveniente cambiar la palabra “compra” por “la operatoria por medio del método de adquisición que resulte más adecuado a los intereses de la Nación”.
La crisis del campo
Marzo de 2008 será recordado por años como el comienzo de un capitulo diferente en la historia de nuestro país. El valor internacional de los productos agrícolas despegaba a niveles insospechados meses atrás, el gobierno atento a esta circunstancia y esgrimiendo razones que no resultaron demasiado claras dictaminó el 11 de marzo de 2008 la Resolución 125 que implementaba retenciones móviles al trigo, el maíz y la soja. Tal situación despertó un conflicto que duro más de 120 días.
Para obtener una salida elegante después de 4 meses de conflicto, el PEN envió al Congreso un Proyecto de Ley para ratificar la Resolución 125. El 4 de julio, después de varios días de debates y discusiones en comisión se trato en el recinto en una de las sesiones mas largas de la historia.
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Verdaderamente nos encontramos en una situación histórica por lo prolongado y virulento que ha sido este conflicto. Desgraciadamente las pasiones que se han despertado a lo largo de estos 110 días han terminado empañando la razonabilidad que debimos haber mantenido. Todo eso ha sucedido porque en el marco de estas posiciones tan encontradas se ha perdido el diálogo que posibilita el intercambio de ideas.
Desde un primer momento nosotros expresamos con claridad que la resolución 125 establece un nivel de retenciones inconstitucional y confiscatorio. Seguimos pensando exactamente lo mismo y que, por lo tanto, debemos legislar para tratar de pacificar al país actuando -como nos manda nuestra Constitución Nacional- para consolidar la paz interior, la unión nacional y afianzar la justicia.
Así llegamos a las consecuencias que desgraciadamente ha provocado esta tristemente célebre resolución 125 y la solicitud de su ratificación que ha sido remitida a este Congreso.
Con sinceridad, en este momento no puedo menos que expresar mi malestar. Pese a que debemos agradecer la muy buena predisposición puesta por todos los diputados, me siento dolido por lo que casi estoy entendiendo como un manoseo por parte del oficialismo.
A la luz de lo que ha expresado el presidente del bloque de la mayoría, quien no me cabe duda ha desarrollado una enorme labor, quizás si hubiéramos trabajado un poco más nuestras posiciones no habrían sido tan encontradas.
Todo esto me recuerda que no hace mucho tiempo como ciudadano común yo le reclamaba a los legisladores de mi Congreso que por favor empezáramos a legislar pensando en políticas de Estado y dejáramos de lado los actos espasmódicos de crear leyes que terminarán siendo parche sobre parches.
Desgraciadamente, esta ley va en ese sentido. Tengo que decir que eventualmente, como ya se ha dicho en tantas oportunidades, verdaderamente esto es algo que es una delegación de poderes, que no corresponde, que viene de un Código Aduanero establecido por un gobierno de facto que no podía menos que atribuirse esta situación, ya que no había Congreso que lo regulase.
Es el Congreso el que tiene que ser el encargado de regular este régimen porque es el poder al que nuestra Constitución, nuestra norma máxima, lo ha delegado, y así tiene que ser. Porque, si no, estaremos incurriendo sin ninguna duda en la violación del principio de legalidad tributaria que debiera existir.
Si bien es cierto que estos tributos existen desde hace muchos años y no vamos a discutir que son una herramienta valiosa, y también que en este momento y en este país las retenciones son necesarias, no podemos al menos como diputados de la Nación que elevar nuestra voz en contra de esto porque sinceramente, vuelvo a repetirlo, es confiscatorio. Eso no lo podemos permitir. (Aplausos.)
Hubiera querido de todos, y me incluyo, la generosidad de haber pensado en lo que hace un rato expresaba. Hubiera querido que todo este tiempo, todo esto que hace muy poco rato nos termine de decir el oficialismo, terminando prácticamente de conocerlo sin tener oportunidad de internalizarlo, lo hubiéramos hablado antes. Reitero que con esto sólo estamos emparchando.
Ojalá hubiéramos conseguido, por la grandeza que nos hubiera correspondido a esta altura de las circunstancias que nos toca vivir, elaborar una política de Estado agropecuaria, que permitiera que de una buena vez este país empezara a funcionar, por lo menos en el rubro más importante que tenemos en esta economía con una base sustentable, dejando de ver con envidia algo muy sencillo que están haciendo nuestros vecinos, que es justamente establecer políticas de Estado para poder seguir creciendo armoniosamente.
En última instancia, es cierto que las retenciones tienen una parte impositiva y también es cierto que los impuestos no son ni caros ni baratos sino simplemente justos o injustos, y este es altamente injusto, porque es regresivo, porque no distingue a quien grava, y además tiende a desalentar la producción, cuando en realidad el mecanismo que debiéramos usar es el del impuesto a las ganancias que a través de este Congreso posiblemente no hubiera ningún impedimento en elevarlo a los niveles que quisiéramos. Y no tendríamos que estar generando en este momento alambicados mecanismos que no sabemos cómo van a terminar ni qué aceptación tendrán por los directamente afectados, para tratar de ver cómo emparchamos.
Nosotros fuimos de los primeros en presentar un proyecto alternativo, que era menos confiscatorio. Directamente no era confiscatorio hasta los niveles francamente elevados, donde sin ser confiscatorio sí tomaba una parte algo mayor de la renta. También en este proyecto nosotros estamos expresando que al cabo de tres o cuatro años estas retenciones debieran desaparecer porque en el ínterin deberíamos implementar el impuesto a las ganancias, y es este Congreso de la Nación el encargado de establecer ambas cosas, es decir, de establecer la temporalidad que deben tener y de fijar un tope máximo y un tope mínimo.
Estamos absolutamente de acuerdo con las retenciones móviles creo que en esto concordamos absolutamente todos , y por eso lamento que no nos hayamos dado el tiempo que debimos haber tenido. Es más, como país federal que queremos, nosotros no estamos diciendo que el excedente sea para hacer lo que nuestro interior necesita. Como hombres del interior, y dado que nuestras provincias están generando en una enorme medida todo este gran volumen de dinero, estamos proponiendo la formación de un fondo federal de afectación específica con el 33 por ciento para poder realizar así las obras de infraestructura que se deben realizar.
Yo soy médico –no lo digo para hacer marketing ni para que me conozcan como tal y desde el inicio de mi carrera aprendí dos cosas. Una de ellas es primum non nocere, que significa que lo primero ante todo es no hacer daño, y la otra –y en esto tiene mucho que ver la afectación del cuerpo social que ha sufrido esta República y que ha puesto en grave peligro su paz social es que cuando nosotros los médicos le damos un medicamento a un paciente y le hace mal, se lo debemos cambiar.
Todos estos mecanismos de compensación que nos han contado y demás nos parecen espléndidos y no tenemos menos que aplaudirlos. Vuelvo a repetir que no sé si esto alcanza, pero por lo menos está empezando a demostrar una apertura mental en el sentido de que la herramienta hasta ese momento establecida no era la adecuada para la situación que estaba viviendo este país.
Yo me reía, hasta que ahora adquirí esa vivencia, de esa frase que decía “Ahora que yo me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas”. Ojalá que eso no nos siga pasando. Ojalá tengamos la facultad y mucho más tiempo para internalizar todas estas cosas, que para nosotros empiezan a ser noticias nuevas.
Solamente quiero hacer un par de preguntas, como por ejemplo qué pasa con el trigo que hoy se está implantando, porque todavía no están establecidas las reglas como deberían estarlo. Quiero anticipar que en el proyecto que nosotros hemos presentado establecemos, a través de retenciones móviles, las curvas de soja, de maíz, de trigo y de girasol. Están absolutamente todas contempladas, a ver si hacemos verdad eso de que no queremos la sojización de este país.
Por último, queda un elemento central, que es lo que decía anteriormente sobre el impuesto a las ganancias. Me parece muy bien que gravemos extraordinariamente no las rentas extraordinarias porque muchas veces no estamos tomando en cuenta el costo que ha tenido el conseguir esa renta extraordinaria sino las ganancias extraordinarias. Como para aportar una idea, y ya que de retener ganancias extraordinarias se trata –lo que sería verdaderamente justo , diría que dentro de la reforma integral que necesitamos tendríamos que ver qué está pasando con otros sectores que verdaderamente tienen unos impuestos a las ganancias fabulosos, como el sector del juego. Este último, pagando muy poco, trabajando prácticamente sin ninguna inversión y sin ningún riesgo, bajo techo, calefaccionado, junta miles de millones de dólares sin que nadie diga nada en este país.
Recordemos que la justicia tributaria se debe basar en la igualdad, es decir que si gano lo mismo que mi vecino, debo pagar lo mismo que él, y aquel que gana más deberá pagar más.
Por todo lo expuesto, pero fundamentalmente porque es inconstitucional y confiscatorio, no puedo acompañar el dictamen que presenta el oficialismo. (Aplausos.)
Para obtener una salida elegante después de 4 meses de conflicto, el PEN envió al Congreso un Proyecto de Ley para ratificar la Resolución 125. El 4 de julio, después de varios días de debates y discusiones en comisión se trato en el recinto en una de las sesiones mas largas de la historia.
El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:
Verdaderamente nos encontramos en una situación histórica por lo prolongado y virulento que ha sido este conflicto. Desgraciadamente las pasiones que se han despertado a lo largo de estos 110 días han terminado empañando la razonabilidad que debimos haber mantenido. Todo eso ha sucedido porque en el marco de estas posiciones tan encontradas se ha perdido el diálogo que posibilita el intercambio de ideas.
Desde un primer momento nosotros expresamos con claridad que la resolución 125 establece un nivel de retenciones inconstitucional y confiscatorio. Seguimos pensando exactamente lo mismo y que, por lo tanto, debemos legislar para tratar de pacificar al país actuando -como nos manda nuestra Constitución Nacional- para consolidar la paz interior, la unión nacional y afianzar la justicia.
Así llegamos a las consecuencias que desgraciadamente ha provocado esta tristemente célebre resolución 125 y la solicitud de su ratificación que ha sido remitida a este Congreso.
Con sinceridad, en este momento no puedo menos que expresar mi malestar. Pese a que debemos agradecer la muy buena predisposición puesta por todos los diputados, me siento dolido por lo que casi estoy entendiendo como un manoseo por parte del oficialismo.
A la luz de lo que ha expresado el presidente del bloque de la mayoría, quien no me cabe duda ha desarrollado una enorme labor, quizás si hubiéramos trabajado un poco más nuestras posiciones no habrían sido tan encontradas.
Todo esto me recuerda que no hace mucho tiempo como ciudadano común yo le reclamaba a los legisladores de mi Congreso que por favor empezáramos a legislar pensando en políticas de Estado y dejáramos de lado los actos espasmódicos de crear leyes que terminarán siendo parche sobre parches.
Desgraciadamente, esta ley va en ese sentido. Tengo que decir que eventualmente, como ya se ha dicho en tantas oportunidades, verdaderamente esto es algo que es una delegación de poderes, que no corresponde, que viene de un Código Aduanero establecido por un gobierno de facto que no podía menos que atribuirse esta situación, ya que no había Congreso que lo regulase.
Es el Congreso el que tiene que ser el encargado de regular este régimen porque es el poder al que nuestra Constitución, nuestra norma máxima, lo ha delegado, y así tiene que ser. Porque, si no, estaremos incurriendo sin ninguna duda en la violación del principio de legalidad tributaria que debiera existir.
Si bien es cierto que estos tributos existen desde hace muchos años y no vamos a discutir que son una herramienta valiosa, y también que en este momento y en este país las retenciones son necesarias, no podemos al menos como diputados de la Nación que elevar nuestra voz en contra de esto porque sinceramente, vuelvo a repetirlo, es confiscatorio. Eso no lo podemos permitir. (Aplausos.)
Hubiera querido de todos, y me incluyo, la generosidad de haber pensado en lo que hace un rato expresaba. Hubiera querido que todo este tiempo, todo esto que hace muy poco rato nos termine de decir el oficialismo, terminando prácticamente de conocerlo sin tener oportunidad de internalizarlo, lo hubiéramos hablado antes. Reitero que con esto sólo estamos emparchando.
Ojalá hubiéramos conseguido, por la grandeza que nos hubiera correspondido a esta altura de las circunstancias que nos toca vivir, elaborar una política de Estado agropecuaria, que permitiera que de una buena vez este país empezara a funcionar, por lo menos en el rubro más importante que tenemos en esta economía con una base sustentable, dejando de ver con envidia algo muy sencillo que están haciendo nuestros vecinos, que es justamente establecer políticas de Estado para poder seguir creciendo armoniosamente.
En última instancia, es cierto que las retenciones tienen una parte impositiva y también es cierto que los impuestos no son ni caros ni baratos sino simplemente justos o injustos, y este es altamente injusto, porque es regresivo, porque no distingue a quien grava, y además tiende a desalentar la producción, cuando en realidad el mecanismo que debiéramos usar es el del impuesto a las ganancias que a través de este Congreso posiblemente no hubiera ningún impedimento en elevarlo a los niveles que quisiéramos. Y no tendríamos que estar generando en este momento alambicados mecanismos que no sabemos cómo van a terminar ni qué aceptación tendrán por los directamente afectados, para tratar de ver cómo emparchamos.
Nosotros fuimos de los primeros en presentar un proyecto alternativo, que era menos confiscatorio. Directamente no era confiscatorio hasta los niveles francamente elevados, donde sin ser confiscatorio sí tomaba una parte algo mayor de la renta. También en este proyecto nosotros estamos expresando que al cabo de tres o cuatro años estas retenciones debieran desaparecer porque en el ínterin deberíamos implementar el impuesto a las ganancias, y es este Congreso de la Nación el encargado de establecer ambas cosas, es decir, de establecer la temporalidad que deben tener y de fijar un tope máximo y un tope mínimo.
Estamos absolutamente de acuerdo con las retenciones móviles creo que en esto concordamos absolutamente todos , y por eso lamento que no nos hayamos dado el tiempo que debimos haber tenido. Es más, como país federal que queremos, nosotros no estamos diciendo que el excedente sea para hacer lo que nuestro interior necesita. Como hombres del interior, y dado que nuestras provincias están generando en una enorme medida todo este gran volumen de dinero, estamos proponiendo la formación de un fondo federal de afectación específica con el 33 por ciento para poder realizar así las obras de infraestructura que se deben realizar.
Yo soy médico –no lo digo para hacer marketing ni para que me conozcan como tal y desde el inicio de mi carrera aprendí dos cosas. Una de ellas es primum non nocere, que significa que lo primero ante todo es no hacer daño, y la otra –y en esto tiene mucho que ver la afectación del cuerpo social que ha sufrido esta República y que ha puesto en grave peligro su paz social es que cuando nosotros los médicos le damos un medicamento a un paciente y le hace mal, se lo debemos cambiar.
Todos estos mecanismos de compensación que nos han contado y demás nos parecen espléndidos y no tenemos menos que aplaudirlos. Vuelvo a repetir que no sé si esto alcanza, pero por lo menos está empezando a demostrar una apertura mental en el sentido de que la herramienta hasta ese momento establecida no era la adecuada para la situación que estaba viviendo este país.
Yo me reía, hasta que ahora adquirí esa vivencia, de esa frase que decía “Ahora que yo me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas”. Ojalá que eso no nos siga pasando. Ojalá tengamos la facultad y mucho más tiempo para internalizar todas estas cosas, que para nosotros empiezan a ser noticias nuevas.
Solamente quiero hacer un par de preguntas, como por ejemplo qué pasa con el trigo que hoy se está implantando, porque todavía no están establecidas las reglas como deberían estarlo. Quiero anticipar que en el proyecto que nosotros hemos presentado establecemos, a través de retenciones móviles, las curvas de soja, de maíz, de trigo y de girasol. Están absolutamente todas contempladas, a ver si hacemos verdad eso de que no queremos la sojización de este país.
Por último, queda un elemento central, que es lo que decía anteriormente sobre el impuesto a las ganancias. Me parece muy bien que gravemos extraordinariamente no las rentas extraordinarias porque muchas veces no estamos tomando en cuenta el costo que ha tenido el conseguir esa renta extraordinaria sino las ganancias extraordinarias. Como para aportar una idea, y ya que de retener ganancias extraordinarias se trata –lo que sería verdaderamente justo , diría que dentro de la reforma integral que necesitamos tendríamos que ver qué está pasando con otros sectores que verdaderamente tienen unos impuestos a las ganancias fabulosos, como el sector del juego. Este último, pagando muy poco, trabajando prácticamente sin ninguna inversión y sin ningún riesgo, bajo techo, calefaccionado, junta miles de millones de dólares sin que nadie diga nada en este país.
Recordemos que la justicia tributaria se debe basar en la igualdad, es decir que si gano lo mismo que mi vecino, debo pagar lo mismo que él, y aquel que gana más deberá pagar más.
Por todo lo expuesto, pero fundamentalmente porque es inconstitucional y confiscatorio, no puedo acompañar el dictamen que presenta el oficialismo. (Aplausos.)
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