Presupuesto 2009

Otra de las discusiones del año fue el Proyecto de Ley de Presupuesto 2009 presentado por el PEN el 15 de septiembre de 2008.

El proyecto fue aprobado con media sanción de Diputados el 15 de octubre de 2008 tras doce horas de intenso debate, en lo que fue una votación sin complicaciones para el oficialismo, más allá de que en algún momento el fantasma de la “125” apareció en el recinto.

El Diputado Ardid votó de manera negativa el proyecto y lo fundamentó de la siguiente manera:

Señor presidente: creo que queda reflejada de manera evidente la lógica necesidad de que se vuelvan a calcular las estimaciones comprendidas en este presupuesto. Pero sigo sin comprender la urgencia de su aprobación en este momento cuando el contexto económico internacional todavía no ha tocado su piso, y cualquier cosa que formulemos va a tener muy poca credibilidad porque será hecha sobre supuestos que no van a ser los que se necesitan para poder elaborar un presupuesto que tenga algún grado de aplicabilidad con lógica.

Deseo destacar el hecho de que por primera vez en los últimos años este proyecto de presupuesto contempla pautas de crecimiento de las variables económicas mucho más ajustadas a la realidad de este país, pese a que en esta elaboración, y por el contexto internacional en el que han terminado ocurriendo, posiblemente vayan a quedar sobredimensionadas.

No obstante ello, la agudización de esta crisis financiera mundial significará seguramente un menor crecimiento a nivel global y en el peor de los escenarios un decrecimiento económico de las naciones centrales. Por lo tanto, su enorme incidencia en el comercio mundial traerá consecuencias para nuestro país al desacelerarse todas estas pautas de crecimiento.

Estamos asistiendo a una sustancial alteración de las condiciones económicas que signaron a este último quinquenio, en el cual el mundo se avalanzó a un frenesí de consumo sustentado por un endeudamiento sin precedentes, por mecanismos financieros con tasas de interés artificialmente bajas que alimentaron las burbujas de especulación sobre todo tipo de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran muchos de nuestros productos.

Lógicamente no se necesita ser economista para vislumbrar que la demanda se resentirá por la relación precio-producto, obligándonos a establecer nuevas pautas frente a este nuevo escenario.

Esta situación nos pone en la obligación de delinear las prioridades de los gastos e inversiones a efectuar como así también poner el ojo en la evolución de los ingresos y costos para varios sectores de nuestra economía que se verán seriamente afectados.

Sobre esta base, el criterio primigenio de cualquier discusión es en primer lugar la búsqueda de redes de contención frente a los coletazos por recibir y, por el otro, la salvaguarda de la producción y del trabajo argentino. Esto no debe ser motivo de discusión entre ortodoxos y heterodoxos, o entre oficialistas y opositores. En realidad, se trata de adoptar una previsión sensata y consensuada con el objeto de aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos del contagio. Esto es lo que los médicos en nuestra profesión entendemos como medicina preventiva; o sea, frente a un riesgo de epidemia lo primero es actuar en forma sistemática sobre toda la población, después sobre la de mayor riesgo, y por último focalizar sobre los eventuales brotes que sucedan. De esta manera los perjuicios emergentes quedan bien delimitados.

Por ende, la génesis de la discusión pasa por delimitar efectivamente el impacto a recibir sobre las condiciones del financiamiento del país, una nueva proyección sobre la fluctuación de nuestra balanza comercial, la adecuación del tipo de cambio nominal y competitivo al nuevo escenario y, sobre todo, la búsqueda de criterios análogos con nuestros vecinos, entre otras; aunque en algunos de estos puntos el gobierno nacional ha adoptado acciones, otros necesitan sí o sí un plafón político que sólo el consenso democrático logra.

Es obvio afirmar, a mi criterio, que si continúa la baja persistente de los valores internacionales de los granos, indiscutiblemente el porcentaje de retención de los mismos deberá acompañar estas bajas. De no hacerlo, la ecuación económico financiera de miles de productores podría terminar en el colapso, convirtiendo a su trabajo en objeto de una pseudo utilidad pública, desmantelando a uno de los pocos sectores realmente competitivos del país. Frente a ello sostengo la necesidad de articular políticas públicas en donde este Congreso asuma su potestad originaria y delinee una auténtica razón de Estado.

Por eso entiendo que el presente proyecto de ley de presupuesto debe indefectiblemente volver a discutir sus proyecciones ajustadas al escenario por venir, con el suficiente consenso democrático que lo convierta en algo realizable y no en un mero conjunto de intenciones.

Por eso sostengo que muchas de las pautas e intenciones enumeradas en el proyecto de presupuesto deben ser adecuadas; de lo contrario, quedarán sólo plasmadas en un manual de buenas intenciones o como meros anuncios que sólo derivarán en una nueva desconfianza de la comunidad.

Puntualmente me detengo a observar del articulado del proyecto de ley de presupuesto algunas cuestiones destacables. En primer lugar, los artículos 8º y 9º, que autorizan al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar los créditos presupuestarios y su distribución, conforme a las facultades que le otorga la ley 26.124, que sustituyó el texto original del artículo 37 de la ley 24.156, revisten una naturaleza que esencialmente debe ser rediscutida en aras de la búsqueda de normalidad institucional, ya que si bien es cierto que este instituto –el de la delegación- tiene fundamentos en el andamiaje legal, para ser honestos debemos señalar que los mismos, desde los últimos dos años, revistieron una característica que por su implicancia alteraron el propio sentido del presupuesto, generando un obrar de naturaleza discrecional que reasigna o amplía partidas para afrontar gastos e inversiones del Estado no siempre orientadas para afrontar situaciones de emergencia o eventuales, que sí justifican el uso de esas prerrogativas, sino por el contrario de meros instrumentos signados a una manera de acumulación de poder a través de gestión de los recursos.

En segundo lugar, tenemos que hablar de las universidades. Sobre la estimación de las partidas de las universidades nacionales creemos insuficiente la suma contemplada de 7.951 millones. Sólo a modo de análisis me quiero detener en un supuesto quizás no conocido por todos, cual es el de los hospitales universitarios, fundamentalmente los de las ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. Ellos no solamente deben atender a aquellos pacientes para los que fueron diseñados y ser hospitales escuela, sino que además, y paradójicamente, tienen que hacerse cargo de la atención de muchísimas personas que si bien tienen un sistema de cobertura por distintas situaciones deben acudir a ellos.

Entonces, si el presupuesto de estos hospitales es exclusivo del Ministerio de Educación, ello implica que, en principio, su fin principal es la formación médica. Pero no debemos olvidarnos que esto ocurre en el entorno de un hospital, no siendo posible que una institución prestadora del servicio de salud no tenga como fin principal el bienestar, la curación y la recuperación de sus pacientes No es posible enseñar adecuadamente la ciencia y el arte de la medicina si no se la practica en serio, y practicarla en serio es privilegiar el bienestar del paciente; no es ético enseñar medicina poniendo al paciente como medio y no como fin.

Si la Nación quiere tener un desarrollo médico científico acorde con el crecimiento del país, debe seriamente encarar el desafío de poner a los hospitales universitarios en la primera plana del nivel científico tecnológico, como un país desarrollado dueño de su propio destino.

Ahora me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y específicamente a la política energética. No voy a explayarme en este tema pero sí quiero decir que muchísimos de los recursos que se comprometen para afrontar la crítica situación del sector eléctrico hacen que con el sostenimiento de los subsidios en realidad se transforme en una enorme inequidad social ya que las tarifas son subvencionadas de manera discrecional, sin segmentación por nivel de consumo o potencia. Como ejemplo y esperemos que no se repita en este presupuesto, hemos pagado y estamos pagando todavía buques gasíferos a un costo promedio de 17 dólares el millón de BTU cuando a nuestros productores argentinos les estamos pagando menos de dos dólares por millón de BTU.

Ya se ha hablado de las obras de construcción de las usinas hidroeléctricas de Cóndor Cliff e Hidroeléctrica Barrancosa, por lo cual no vamos a abundar en esto. Pero también necesito interrogarme, y extender este interrogante, sobre toda obra pública que se realice, acerca de cuál será la metodología a aplicar por parte del Ministerio de Planificación, para que en los casos procedentes redefina los valores del contrato, pues recientemente esta jurisdicción alteró mediante el dictado de una resolución la fórmula de cálculo precisada en el decreto 1.295/2002, aplicando un coeficiente de cálculo sin tomar en consideración la variación de precios indicada por el mismo INDEC. Esto significa que esta jurisdicción manifiesta formalmente su incredulidad sobre la labor del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Concluyo afirmando que muchas de las obras que se incluyen en este proyecto, sean de realización en este ejercicio o plurianuales, no podrán ser efectuadas en su totalidad con las asignaciones dispuestas en caso de que se sigan alterando los presupuestos estimados, ya que no me resulta clara la posibilidad cierta de que toda obra, si no se adjudica a tiempo y no se ejecuta en los plazos previstos, pueda ser redeterminada, pues no alcanzarán los recursos enumerados, sin ser reasignados por otras partidas.

La inversión ferroviaria es uno de los puntos más controvertidos. Acá se destaca un monto de 1.776 millones para proyectos de infraestructura ferroviaria. Supongo que en esta cifra está incluido el tren de alta velocidad que unirá Buenos Aires y Córdoba. Sólo quiero indicar que su realización está fuera de contexto, y estimo que dicho monto podría ser reasignado dentro de la misma finalidad para otras prioridades que en este momento son muchísimo más importantes.

Otro capítulo es la paradoja del presupuesto de defensa y seguridad, en donde se le asigna en el rubro inteligencia un aumento del 25,6 por ciento. Es más del doble del porcentaje que se asigna al presupuesto de defensa y un 7 por ciento más que el estimado para el sistema penal. Si no tenemos hipótesis de conflicto ni existe inteligencia interna no se encuentra justificativo alguno para este aumento. Por eso proponemos que el mismo se reasigne en cuota partes iguales a los rubros de defensa, seguridad interior y sistema penal.

En consecuencia, debo señalar lo siguiente: primero, el proyecto a tratar no registra la crisis financiera mundial. Históricamente, durante los últimos gobiernos, los proyectos contenían pautas distorsionadas a efectos de que cada gestión pudiese asignar recursos discrecionalmente a través de los superpoderes. Desde el año 2003 la Jefatura de Gabinete ha dispuesto de más de 120 mil millones de pesos sin pasar por el Congreso: a contrario sensu creemos que el proyecto para 2009 parte de supuestos quiméricos.

Segundo, la inflación proyectada es del 9 por ciento. La real será más del doble, dependiendo de las pautas monetarias. Esto, colegas, es impuesto inflacionario, pero habrá que manejarlo con cuidado. En el actual contexto internacional cualquier resbalón implica entrar en una inflación muy alta.

El proyecto calcula el precio de la soja en 400 dólares la tonelada. Por eso supone que el ingreso por retenciones aumentará un 13 por ciento en el año 2008. Esto es una utopía pura. En volúmenes, se cosechará no menos que el 15 por ciento menos. En precios, los mercados internacionales nos informan que continuamente bajan los valores de los commodities, y debemos recordar que los superávit fiscal y de cuenta corriente están atados a ellos.

Cuarto, el proyecto supone el crecimiento del 4 por ciento para el año que viene. ¿Alguien podrá explicar cómo se logra, cuando la crisis implica una caída del precio de los commodities, consumo en retroceso, descenso pronunciado de la exportación de vehículos a Brasil y México, derrumbe del precio de los hidrocarburos, ajustes en las plantas de personal e incremento del desempleo? Si bien se desconocen la magnitud y las consecuencias finales del colapso financiero, la Argentina entre un incremento del PBI muy escaso –no más del 2 por ciento y en el peor de los casos se puede entrar en una pequeña recesión de menos 1 por ciento.

Quinto, los argumentos antes expresados indican que el presupuesto es una simple expresión de buenos deseos. Los supuestos en que se apoya están todos errados, y para peor nada se dice acerca de cómo se va a proceder ante la realidad. Da la sensación de que se trata de un proyecto virtual.

Como colofón, y con todo respeto pero también con todo realismo y todo dolor, debo decir que el presupuesto 2009 debería tener un artículo único que dijera: “Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a gastar lo que pueda recaudar.” (Aplausos)